La entrada en vigor de la ley de salud sexual

 La Generalitat quiere que hasta el 75% de las intervenciones se hagan con pastillas abortivas

La interrupción del embarazo ingresará mañana en la lista de prestaciones de la sanidad pública

Domingo, 4 de julio – 00:00h. Un número creciente de mujeres –110.000 en toda España en el 2009 (26.000 en Catalunya)–, han abortado en los últimos 25 años de forma privada, ignoradas por la medicina pública y toleradas por gobiernos de variado signo ideológico. La decisión de actualizar la ley para dotar al aborto de los requisitos de un derecho, y corregir las incongruencias jurídicas que afectaron a médicos y usuarias, ha dado lugar a un crispado debate que culminó con el recurso del PP, admitido a trámite por el Tribunal Constitucional. En él se cuestiona la existencia misma de una norma que regule el aborto, lo que amenaza con devolver el asunto a los años 70.

 

 

 

 

 

La ley que mañana entra en vigor se llama «de salud sexual y reproductiva» y a esto dedica la parte más extensa de su articulado. Pero, aunque el fracaso de las políticas sobre sexualidad y la demanda de medidas en esa dirección han sido abundantes en los últimos años, es la segunda parte del enunciado de la ley –«…y de la interrupción voluntaria del embarazo»– la que absorbe el interés público en estos momentos.

1 La embarazada tendrá un plazo para decidir libremente

La principal razón para que así sea es el cambio conceptual que la ley concede al aborto, al que considera desde ahora una prestación sanitaria equiparable a cualquier otra de las que ofrece el sistema público de salud. Otro cambio radical es la supresión de los justificantes y argumentos psiquiátricos que hasta ahora eran requeridos a las mujeres que accedían a un aborto (salvo si existe malformación en el feto). A partir de ahora, la embarazada podrá interrumpir el embarazo, sin dar explicaciones, hasta la semana 14 de gestación. También se podrá abortar hasta la semana 22 si el embarazo pone en peligro la salud o la vida de la mujer, al igual que si se detectan malformaciones en el feto.

2 Una prestación en el catálogo de la sanidad pública

La interrupción del embarazo figuraba de forma desigual en el catálogo de prestaciones sanitarias públicas de dos comunidades (Andalucía ya lo financiaba por completo, y en Catalunya se pagaba a las mujeres sin recursos). Este concepto se extiende ahora a toda España, y, en consecuencia, debería ser asumido por la red asistencial pública: ambulatorios y hospitales. La dificultad de que así sea, por la abultada cifra de abortos que suceden cada año en las principales ciudades españolas, está obligando a la búsqueda de soluciones alternativas. Hasta ahora, solamente Catalunya ha preparado una vía de asistencia específica.

3 Las menores de edad y la información de los padres

Las niñas de 14 y 15 años que soliciten un aborto deberán aportar, como sucedía hasta ahora, un consentimiento paterno firmado. En el 2008 abortaron en Catalunya 244 chicas de esas edades (0,9% del total). Las de 16 y 17 años habrán de acudir al centro abortista acompañadas por su padre o su madre, en prueba de que han sido informados. Así lo dispone el reglamento, que ha limado la libertad total que la ley daba inicialmente a las chicas de 16 y 17 años. Si la joven considera imposible informar a sus progenitores, podrá comunicarlo al médico y éste decidirá si hace el aborto. El facultativo que tema un conflicto con la familia de la joven podrá solicitar un informe social o psiquiátrico de apoyo. En el 2008 abortaron 722 catalanas de 16 y 17 años (2,7% del total).

4 Que la embarazada tome una decisión lo antes posible

Abortar un feto de seis o siete de semanas de gestación es mucho menos cruento, física y psíquicamente, que hacerlo a las 10 o 14 semanas. La Conselleria de Salut se ha propuesto que las embarazadas que tengan intención de abortar tomen la decisión antes de la séptima semana de gestación. A quienes estén en ese momento del embarazo y decidan interrumpirlo se les ofrecerá la opción de tomar la píldora RU-486, cuya administración se prolonga 48 horas. Acceder a este tratamiento implicará estar en contacto con un centro médico, aseguró la consellera Marina Geli. Una vez concluido el aborto, la mujer deberá superar una ecografía intrauterina. Salut se propone que «hasta un 75%» de los abortos hechos en Catalunya sean farmacológicos, para lo cual, el Ministerio de Sanidad deberá acelerar la comercialización del fármaco en España. Hasta ahora estaba autorizado, pero no se importaba. La RU-486 copa un alto porcentaje de los abortos que se hacen en Suecia y Francia, donde se prefiere a la opción quirúrgica.

5 Píldoras en casa o intervención quirúrgica

Cuando la píldora RU-486 se toma antes de la séptima semana de gestación da lugar a una menstruación abundante, sin mayor repercusión física, asegura el ginecólogo Joaquim Calaf, presidente de la Comisión de Técnicas de Reproducción Asistida de la Generalitat. El tratamiento consta de dos pastillas: la primera contiene la sustancia mifepristona, que provoca el desprendimiento del embrión desde la pared del endometrio. La segunda, misoprostol, contrae la pared del endometrio y facilita la expulsión de la materia desprendida por el primer fármaco. El aborto quirúrgico de un embarazo de 7 a 14 semanas de gestación se suele hacer por el método de aspiración: una cánula introducida a través de la vagina captura el material fetal y lo extrae. Si el embarazo está más avanzado, debe realizarse en un hospital y el método empleado consiste en un raspado uterino, más cruento que lo anterior. Cuanto más avanzada está la gestación, más intensas son las repercusiones psicológicas, a medio y largo plazo, a que da consecuencia, advierten los ginecólogos especializados en estas intervenciones.

6 El nuevo circuito se iniciará en la atención telefónica

Salut ha ofrecido formación sobre interrupción del embarazo a operadoras telefónicas y enfermeras, que se harán cargo de una línea en el servicio telefónico Sanitat Respon (902 111 444). A partir de ahora, las mujeres que hayan decidido abortar podrán recurrir a dicho número, desde donde se les indicarán las opciones a seguir y los lugares donde obtener lo aconsejado. Sanitat Respón también asumirá las llamadas de mujeres que acaben de mantener una relación sexual y sospechen que puede conducir a un embarazo no deseado, indicándoles el acceso a la píldora anticonceptiva de emergencia.

7 El 48% de abortos del 2009 los pidieron mujeres inmigrantes

Las comunidades receptoras de inigración masiva registran las mayores cifras de abortos en España. Madrid es la autonomía que encabezó las interrupciones de embarazo en el 2008, seguida de Murcia, Baleares, Catalunya y la Comunidad Valenciana. De las 26.000 mujeres que abortaron en Catalunya en el 2009, un 48% eran extranjeras y el resto autóctonas, indica Salut. Esto significa que 33 de cada mil mujeres inmigrantes menores de 49 años instaladas en Catalunya han abortado, una proporción que en el caso de las nacidas en España es de 9 por cada millar. En esa mayor indicencia intervienen razones culturales, indicó la consellera de Salut.

8 Las clínicas que ya estaban autorizadas serán acreditadas

En Catalunya se concertará la práctica del aborto con las 13 clínicas que ya estaban autorizadas por la Generalitat, las que lo han practicado en los últimos 25 años. Desde enero del 2011, las mujeres accederán a la intervención en esos centros de forma gratuita. Hasta diciembre de este año, pagarán y luego se les reembolsará. Los hospitales públicos podrán sumarse, de forma voluntaria, a la práctica del aborto en cualquier semana de gestación. Los que así lo soliciten, recibirán una financiación suplementaria por parte de la Conselleria de Salut. Si en un hospital que ha accedido a hacer abortos hay médicos que objetan contra dicha práctica, el centro deberá sustituirlos, asegurando que la prestación se ofrece.